No más prórrogas a combustibles sulfurosos

Es absurdo e indignante que, en lugar de defender sus fueros y hacer cumplir la ley, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretenda ahora dar marcha atrás en sus propias normas y plantee una nueva prórroga a la obligación de las refinerías de reducir los altos niveles de azufre en el petróleo.

De por medio están no solo el principio de autoridad, ya bastante vapuleado en estos días, sino la obligación constitucional del Estado —y del gobierno que lo administra— de poner orden y regular el mercado de combustibles, así como de proteger el medio ambiente y la salud de la población.

Por lo mismo, es entendible y justificado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Ambiente a esta posible nueva prórroga, sobre todo porque en todo momento advirtieron sobre la importancia de cumplir el decreto supremo del 2005 que obligaba a las refinerías a reducir el azufre en cinco años, lo que se cumple el 1 de enero del 2010.

Este plazo, concordado con las refinerías de Repsol y de Petro-Perú, era más que suficiente para modernizar las plantas. Pero lo que ha faltado es voluntad política y mayor celo del MEM y del organismo regulador, Osinergmin, para vigilar el cumplimiento gradual del cronograma aprobado, así como para aplicar las sanciones correspondientes a los transgresores.

Hay que recordar aquí que la creación del Ministerio del Ambiente se dio en un contexto esperanzador de una nueva política gubernamental, basada en el mayor esfuerzo para preservar el ecosistema y reducir los graves niveles de contaminación que afectan la salud y la vida de las personas.

El problema es acuciante. Y es que, a pesar de que importamos petróleo más limpio y menos contaminante, recientes informes internos del Osinergmin dan cuenta de que las refinerías siguen comercializando combustible con la misma cantidad de azufre que en el 2005, es decir 5.000 ppm (partes por millón), cuando lo ideal es 50 ppm, que es lo que la actual norma obligaría a comercializar desde el 1 de enero del 2010.

En tan delicado contexto, aceptar ahora una nueva prórroga de 3 o 5 años implicaría graves costos, lo que obliga al Gobierno y al MEM a ser más severos para ejecutar sus propias normas, plantear sanciones, y convocar a las refinerías para que asuman su grave responsabilidad y cumplan las metas establecidas.

Aquí no puede haber retroceso, lo que, además de ser incongruente y sentar un mal precedente en la gestión estatal, sería condenarnos a vivir en un ambiente insano de contaminación, con no pocas repercusiones económicas.

Urge, por ello, establecer un nuevo cronograma, mucho más corto pero acompañado de mecanismos de seguimiento puntual, control, fiscalización y, por supuesto, de sanción, en lo que no puede haber ningún trato preferencial a la refinería estatal.
 

Denuncian mala calidad de las revisiones técnicas

Aspec revela que inspección a un solo auto puede tener resultados distintos.

…“Eso es una estafa y, por ello, hemos hecho una denuncia por violación de los derechos del consumidor”, manifestó el representante de Aspec.


 Las revisiones técnicas no ganan confianza. Al contrario, las pierden día a día. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) informó ayer que ha interpuesto una denuncia ante Indecopi, en contra de la empresa Lidercon, debido a que las plantas de inspecciones vehiculares, ubicadas en los conos Norte y Sur de la capital, emiten distintos resultados en la evaluación de un mismo auto.



Luego de que la firma de capitales españoles señalara que, hasta la fecha, casi seis mil vehículos no han pasado satisfactoriamente las pruebas, Crisólogo Cáceres, vicepresidente de Aspec, convocó a una conferencia de prensa.

PRUEBAS. Una investigación a cuatro autos –realizada durante los últimos 30 días– determinó que los resultados variaban en cada planta (San Martín de Porres y Villa El Salvador).

“Por ejemplo, en la planta del Cono Norte, el vehículo Suzuki de placa CGX437 tenía 4.30% de desequilibrio en el freno. Pero en la planta del Cono Sur obtuvo 13.84% el mismo día. Eso es una estafa y, por ello, hemos hecho una denuncia por violación de los derechos del consumidor”, manifestó el representante de Aspec.

Por su parte, el presidente de la Federación de Taxistas y Colectiveros (Fentac), Joaquín Rosas, solicitó que se suspendan temporalmente las revisiones técnicas hasta que Lidercon subsane las fallas de sus máquinas.

El presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Perú, José Luis Díaz, dijo que hace algunos días recibió denuncias de algunos transportistas sobre esta preocupante situación. Además, coincidió con Rosas al pedir la suspensión temporal de las inspecciones.

SORPRENDIDO. La respuesta de Raúl Barrios, representante de Lidercon, no se hizo esperar. La primera reacción fue cuestionar a Aspec por prestarse a “defender a los taxistas”.

Barrios explicó que si una persona frena fuertemente el carro, habrá más peso en esta acción con respecto a alguien que lo haga despacio.


Por ello, explicó, salen resultados distintos. El vocero de la compañía encargada de realizar las inspecciones vehiculares en Lima indicó que, si dudan de la calidad de las revisiones, “lo que deberían pedir es la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no la suspensión”.
 

25 de Setiembre de 2008

LAMBAYEQUE

 Más de 500 transportistas paralizaron ayer el tránsito en el centro de Chiclayo. Marcharon exigiendo a la Policía mejores resultados en el combate a las bandas de extorsionadores que operan en la ciudad. El general Víctor Ordinola Ruiz les pidió que colaboren con ayudar a identificar a los sujetos que hacen las extorsiones y los cobros para entregar los autos que roban horas antes.

Fuente: diario Correo 

Proliferan las mafias que ofrecen brevetes
y estafan a los limeños

Los estafadores cobran a los postulantes por una ‘licencia segura’ y, luego, desaparecen con el dinero. Perú.21 constató que en Internet circulan avisos que ofrecen, incluso, licencias ‘delivery’ sin tener que salir de casa.

Era la tercera vez que postulaba al examen y estaba desesperada. Estela Céliz Amacifuen nunca pensó en llegar a contactar por Internet a un ‘promotor’ de manejo que le ofreció entregarle un brevete a cambio de dinero.

“Dijo que conocía a veedores del Touring, que todo era seguro. Yo estaba desesperada porque sé manejar, pero los nervios siempre me han traicionado”, asegura arrepentida.

La mujer afirma que Jorge Bonichely, profesor de la escuela de manejo Universal, ubicada en Conchán, fue quien le propuso ‘arreglar’ el tema desde adentro. Este sujeto desapareció luego de recibir 180 soles por sus servicios de ‘profesor de manejo’ –como consta en un recibo–, otros 180 por el supuesto alquiler de un vehículo para practicar en el circuito y otro tanto para repartir entre los inspectores.

Céliz reprobó el examen y no pudo reclamar nada porque Bonichely fugó. Un amigo de ella fue víctima de la misma estafa. Cabe destacar que el nombre con que el sujeto se promociona no figura en el Reniec.

Este no sería un caso aislado. Perú.21 constató que en Internet circulan avisos que ofrecen, inclusive, licencias delivery sin tener que salir de casa. Los delincuentes solo dejan sus correos electrónicos para el contacto.

Bastó estar parados cinco minutos cerca de la oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) donde se tramitan los permisos, para que ocho personas se nos acercaran ofreciendo brevete seguro, en 24 horas, sin examen médico, etc.

Estas mafias están al acecho, y la mayoría de veces no hacen más que estafar. No tienen contactos y solo quieren el dinero.

MAFIAS ABUNDAN. Luis Quispe Candia, presidente de la consultora en transporte Luz Ámbar, conoce de cerca el problema, por lo que asegura que estos servicios ilegales son frecuentes, y agrega que algunos delincuentes sí tienen influencias.

El especialista refiere que esto se da sobre todo en provincias donde, sostuvo, se tramita los documentos sin tener al postulante presente. Esto estaría ocurriendo, aunque muchos de los solicitantes realizan el trámite en una ciudad o departamento distinto al de su residencia, cuando las normas establecen que debe efectuarse en la jurisdicción donde viven.

“Pasan por alto las huellas digitales, los exámenes médicos y hasta la prueba de manejo. Muchos sujetos con antecedentes y con licencias suspendidas acceden a un nuevo documento así”, precisa Quispe Candia.

¿SIN SOLUCIÓN? Lino de la Barrera, asesor del MTC, indicó que el tema de los tramitadores representa un serio problema para el sector. Añadió que han solicitado a la Policía y a la Municipalidad de Lima que los erradiquen, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Al respecto, instó a la población a que no recurra a estos servicios ya que su uso es, también, un delito.

 Fuente: Perú 21