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La concesión de las revisiones técnicas vehiculares y la vía expresa de la Av. Faucett (Callao), son dos claros ejemplos de contratos que no deben nunca más suscribirse por ser perjudiciales para la ciudad y para los ciudadanos.

A continuación ofrecemos la opinión autorizada del Dr. Julio César Castiglioni, experto en derecho municipal. (Las fotos corresponden a la portada de el semanario Al Volante y de Perú 21)

LAS MUNICIPALIDADES Y SU LABERINTO SOBRE LAS CONCESIONES 

En los últimos días hemos podido apreciar los conflictos suscitados por las dos municipalidades más importantes del país, la municipalidad provincial del Callao con CONVIAL, sobre el cobro de peaje y la supuesta vía expresa en la Av. Faucett y la Municipalidad Metropolitana de Lima con LIDERCON sobre las revisiones técnicas, lo cual da la impresión que la inversión privada en servicios públicos es perjudicial para el país, por lo cual, nos vemos en la obligación de hacer una reflexión sobre el particular; al respecto la Constitución Política del Perú, establece la iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

 El Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece, que el Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las Leyes.
 
 El Decreto Legislativo Nº 758, Normas para Promoción de Inversiones Privadas en la Infraestructura de Servicios Públicos, establece que el Estado promueve la inversión privada en obras de infraestructura y/o de servicios públicos y regula su explotación, para cuyo efecto las entidades, podrán otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la construcción, reparación, conservación y explotación de obras de servicios públicos. La concesión de la obra implica la explotación del servicio.

 El Decreto Legislativo Nº 839 que aprueba Ley de Promoción de la Inversión Privada, en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos,   declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. (De conformidad con el artículo 1 de la Ley Nº 27111, las funciones, atribuciones y competencias otorgadas a la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas PROMCEPRI fueron transferidas a la Comisión de Promoción de la Inversión Privada COPRI).

 El Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y Servicios Públicos, Decreto Supremo Nº 059-96-PCM,  declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. La modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos es la concesión. Las concesiones, licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y otros que se requieran para la utilización de recursos naturales, la ejecución de obras de infraestructura y la prestación de servicios públicos se rigen por lo establecido en las leyes sectoriales correspondientes.

 El Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan entrega en concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, precisa, entiéndase por Concesión al acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos, aprobados previamente por la PROMCEPRI, por un plazo establecido. Además señala, entiéndase por ejecución de la obra su construcción, reparación y/o ampliación. La explotación de la obra o la prestación del servicio comprende: La prestación del servicio básico y los servicios complementarios para los que fue entregada la concesión, de acuerdo a las condiciones de calidad establecidas en el Contrato; el mantenimiento de la obra; y, el pago de tarifas, precios, peajes u otros pagos pactados en el contrato de concesión que realizarán los usuarios como retribución por los servicios básicos y complementarios recibidos.
 
 La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley Nº 28059, establece que el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de descentralización productiva en el país respetando los criterios y garantías así el Estado garantiza la libre iniciativa e inversión privadas, nacionales y extranjeras, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica, en cualesquiera de las formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. La inversión del Estado está orientada a proveer de infraestructura básica, social y económica para el mejor desempeño de la inversión privada en la actividad productiva y de servicios.
 
 Precisa que las iniciativas privadas en proyectos de inversión sobre recursos estatales Los distintos niveles de gobierno promoverán la inversión privada en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias, por iniciativa privada, conforme a los mecanismos de Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales.
 
                                           El Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28059 - Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, establece la finalidad de la Promoción de la Inversión Descentralizada, la Promoción de la Inversión Descentralizada es un medio para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región. Para alcanzar dicha finalidad el Estado actúa a través de una alianza estratégica entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la inversión privada y la sociedad civil.
 
 Como vemos el marco normativo es claro, no obstante a ello, vemos espectáculos bochornosos como los trabajadores municipales en lugar de estar trabajando se van a plantar frente a un peaje mal construido y una falsa vía expresa o porque las revisiones técnicas son un engaño, sencillamente porque las autoridades que otorgaron  estas concesiones no tuvieron la previsión de poner en los contratos suscritos todas las garantías para la protección de los gobiernos locales en caso de incumplimiento y las cláusulas claras para la resolución de los contratos en caso de incumplimiento, sencillamente como se ha demostrado en un caso primó el interés personal y económico, más no el interés de la comuna y los vecinos lo que hacen que la población pierda la confianza en sus autoridades.
Dr. Julio César Castiglioni

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REVISIONES TÉCNICAS EN SU MOMENTO MÁS CRÍTICO

De acuerdo al laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima,  se puede apreciar que : 

 1.- Los asesores y/o  funcionarios de la Municipalidad de Lima, han cometido una serie de irregularidades en el proceso de las revisiones técnicas.

2.- Los especialistas, técnicos y transportistas que desde el inicio de la licitación cuestionaron el proceso tenían toda la razón.

3.- Los Asesores y/o funcionarios de la Municipalidad para cubrir su negligencia, aconsejaron mal al Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, para que firme un acuerdo con Lidercon, modificando el contrato original, perjudicando al Municipio y a los usuarios dueños de los vehiculos.

4.- Con las facilidades que se le ha otorgado finalmente a Lidercon, cualquier empresa privada hubiera sido favorecida en la licitación, además se hubiera creado más fuentes de trabajo con mano de obra peruana.

5.- Hasta el momento el caos que se origina por la falta de capacidad de atención, (por haber firmado solo con un concesionario) conforme se acerca  el vencimiento de acuerdo al cronograma; ha obligado a la Municipalidad de Lima a prórrogar dos veces las revisiones a los vehículos privados cuyas placas terminan en 7 y 8, así como a los de servicio público con matrículas que acaben en 3,4,,5,6,7 y 8; y es estamos seguros que las prórrogas continuarán. 

Esperamos que nuestro alcalde de Lima, reflexione, sancione públicamente a los responsables por la negligencia en el proceso de las revisiones técnicas, asimismo anule el acuerdo suscrito posiblemente bajo presión y mal asesorado.

FALLO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (CCL)

 Municipalidad de Lima se pronunciará hoy sobre decisión arbitral
Ordenan a comuna de Lima a iniciar revisiones técnicas

 El Tribunal Arbitral de la CCL ha fallado a favor de Lidercon y ha ordenando a la comuna limeña que, en un plazo de 15 días, autorice el inicio de las actividades en la planta de San Martín de Porres.También deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios, …Raúl Barrios, vicepresidente de Lidercon, informo a Perú.21 que solicitará cinco millones de dólares por las pérdidas que ha ocasionado tener la planta del norte paralizada durante un año y medio.
“La municipalidad debió resolver el contrato con Lidercon hace tiempo. Si se acata el fallo, los perjudicados van a ser los usuarios”, señaló Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar.
Fuente: Perú.21 15-01-2007

 Administración de Castañeda Lossio permito que empresa se libre de responsabilidad
Municipio incumplió contrato de revisiones

 Falla en el arranque.El contrato inical establecía que las revisiones debían comenzar el 20 de setiembre de 2005. Pese a ello, el municipio le concedió dos prórrogas a Lidercon, una hasta el 8 de marzo de 2006 y otra hasta el 15 de junio de ese mismo año, sin extrañarle que esa empresa dejara de alado a su socia, Ivesur, quien era la única con la experiencia necesaria para cumplir con el servicio contratado.La administración Castañeda no ejecuto la carta fianza ascendente a US$ 1 millón por incumplimiento, porque fue la Municipalidad la primera en incumplir el contrato, como se desprende del laudo arbitral.
Más faltas. Otra falla del municipio que permitió a Lidercon dilatar sus obligaciones, fue que modificó los parámetros urbanísticos y de edificación para la instalación de las plantas en febrero de 2005 y volvió a hacerlo tres meses después.
Además, la administración Castañeda incurrió en más irresponsabilidades pues no supervisó adecuadamente el trabajo de Lidercon, tal como lo establecía el contrato.
El fallo emitido por la CCl del 12 de enero del presente año atenta no solo contra los intereses del municipio, sino contra todos aquellos que poseen un vehículo en Lima ya que estarán obligados a pasar por una revisión técnica anual de tan deficientes características.
Fuente Perú.21 12-02-2007

 Municipalidad de Lima habría actuado presionada por amenaza de indemnización a favor del concesionario
Modificación de contrato original afectó revisiones

 Perú.21 obtuvo copía del acuerdo al que llegaron Lidercon y la Municipalidad de lima, y halló que los cambios que se han hecho al contrato generarían las deficiencias que están sufriendo los usuarios.
Menor capacidad de atención. El contrato inicial exigía que Lidercon tuviera lista tres plantas equipadas y un total de 38 líneas de inspección al empezar las revisiones. Tras la conciliación, solo se le exigió a Lidercon tener una planta lista con 11 líneas en San martín de porres y otra, no del todo lista, con 4 líneas en Villa El Salvador.
Las inspecciones se iniciaron con solo 26 líneas y, a la fecha, Lidercon opera con 30, incluyendo las cuatro de la planta del Setamen.
Asimismo, los limeños deberán esperar hasta marzo de 2008 para usar la planta de Ate-Vitarte –la tercera que pedía el contrato- pues, ahora, Lidercon tendrá ocho meses para terminarla.
Menos dinero en caja. También se redujeron las obligaciones económicas de Lidercon. Así, la fianza de US$ 1 millón que debería entregar a la municipalidad de Lima como garantía se redujo a US$ 666,666.00 y los US$ 2 millones que estaba obligada a invertir en publicidad durante tres años bajó a US$ 1’650,000.00.
Adicionalmente, la Municipalidad de Lima concedió a Lidercon un plazo de seis meses para empezar a desembolsar los US$ 50,000 mensuales que debe gastar en financiar campañas de fiscalización, cuando el contrato establecía que este pago se haría efectivo al inicio de la operación.
 

Fuente: Perú.21, Miércoles, 31-10-2007

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Contra el monopolio de las Revisiones Técnicas

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Causas de los accidentes

Municipalidad de Lima permite la informalidad

Revisiones Técnicas apresuradas

La Cadena del Transportista 2 (4)

Preguntas que esperan respuesta del Alcalde-

Revisiones técnicas: qué paso?

Revisiones Técnicas: cortar por lo sano 
  

Apresuramiento origina interrogantes

Es sorprendente el anuncio y curiosos el apresuramiento de empezar  las revisiones técnicas que ha hecho conocer el vocero de la municipalidad de Lima y, más aún, la forma como pretende tratar a los propietarios de los vehículos, al salir de la noche a la mañana a obligar a que se cumpla una disposición que ellos mismos han incumplido desde el año 2004, al no velar por el fiel cumplimiento del contrato suscrito.

Antes de haber anunciado el inicio de las revisiones técnicas, lo correcto hubiera sido dar una explicación (porque no es secreto de estado), a los contribuyentes que tienen derecho a que el alcalde de la ciudad de Lima aclare algunas interrogantes, para que no queden dudas sobre la transparencia en que se realizaran las revisiones técnicas:

1.- Cual fueron  los verdaderos motivos,  de que hasta la fecha no se hayan realizado las mencionadas revisiones.

  2.- Una de las causas de que se  paralizó las instalaciones de las plantas donde se realizarían las revisiones, fue que no había el estudio del impacto ambiental; ¿porqué ahora dicho requisito ya no es importante y se ha dejado de lado?

  3.- Quién garantiza y se hará responsable que las revisiones se realicen en forma permanente y que las unidades que no aprueben la revisión salgan de circulación; para que no ocurra como disposiciones anteriores (inscripción al Setamen ; la recaternización, examen médico, sota, etc), que una vez que hacen caja, la medida queda suspendida o se pierda el interés y todo continúe igual, sin que sea sancionada ninguna autoridad como corresponde; perjudicando (por la competencia pirata) a los transportistas que siempre cumplen con las normas.

  4.-Como se han solucionado los problemas surgidos entre la municipalidad y  el consorcio, o mejor dicho con uno de los socios del consorcio. ¿Legalmente es valida?.

  5.-Cuándo empezará la Municipalidad ha cumplir con su obligación de reparar las vías en mal estado, todos sabemos que  malogran la suspensión de las unidades, desgastan prematuramente las llantas y causan muchos de los accidentes.

  6.-Porque hasta la fecha la municipalidad de Lima se ha negado ha responder las interrogantes planteadas públicamente   (29-01-2007), por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Interrogantes que todos los ciudadanos que queremos un buen transporte en la ciudad respaldamos.

 Los propietarios de los vehículos queremos las revisiones técnicas, pero que estas se ejecuten dentro de un marco de transparencia, y  garantía que permita que todas las unidades (incluyendo las de nuestras autoridades), que circulen en la ciudad se encuentren en buen estado. 

Hemos recibido tres volantes preparados por la Cadena del Transportista, que nos han hecho llegar nuestros colegas taxistas, el mismo que contiene temas interesantes relacionados con el transporte, por lo cual iremos reproduciendolos para conocimiento de todos nuestros lectores: 

Artículo incluido en el volante Nº 2

Ud. puede ser la próxima victima del SAT

Justificando lo injustificable El ciudadano Paul Solano Arías Fabián denuncio el viernes 4 de mayo, a través del noticiero de Radio Programas del Perú, que el SAT, entidad recaudadora de la Municipalidad de Lima ( calificado por la Defensoría del Pueblo como), desde el año pasado lo había notificado para que cancele una multa de S/. 3,400 soles, por depositar residuos sólidos con un camión que según indicaba el SAT era de propiedad del señor Arías; a pesar deque el afectado demostró lo contrario, después de una serie de trámites y perdida de tiempo y dinero que estas gestiones demandan, el SAT de la Municipalidad de Lima insistía en cobrarle con notificación de embargo. Después de haberse hecho publica la denuncia, recién los funcionarios del SAT, (entidad calificada por la Defensoría del Pueblo como el ente recaudador más abusivo), se interesaron en resolver el caso emitiendo la Resolución Nº 437-2007-MML-GFC, declarando la nulidad de la multa originada en junio del 2006. Se confirma una vez más que sus procedimientos y personal que se encarga de aplicarlos no son los más idóneos; más aún con la infantil justificación que los funcionarios del  SAT hacen en su carta publicada en El Comercio el viernes 11, (“…en razón de que el chofer del vehiculo de placa WP-6230, Juan Francisco López, informo que Arias Fabián, era el propietario del referido vehiculo…”) ; ¿qué hubiera pasado si el mencionado chofer, hubiera declarado que el dueño del vehiculo era el Dr. Luis Castañeda?, ¿el SAT hubiera procedido con la misma eficiencia a notificarlo y exigirle el cobro de la infracción?; ¿ el Dr. Castañeda, hubiera tenido que tramitar (como lo obligaron al Sr. Arias) su certificado negativo de no poseer ese vehiculo?. Si así funcionan los procedimientos del SAT (calificado por la Defensoría del Pueblo, como el ente recaudador más abusivo),  los ciudadanos estamos preocupados porque podemos ser la próxima victima del abuso del SAT y dudamos que la línea telefónica “Aló SAT: 315-2400”, que indican para reclamar,   sea más efectiva y justa; con respecto a la Defensoría del Contribuyente creada por la Misma Municipalidad de Lima, se convierte en Juez y Parte, cuya creación no se justifica si seguimos contamos con personal y funcionarios pobres de criterio que cometen errores infantiles como el caso del señor  Arías Fabián y que durante una año a pesar de demostrar con documentos legales  se negaban a solucionar con el consiguiente perjuicio económico y de tiempo del contribuyente afectado y que casi nunca son resarcidos.

Una vez más, el SAT demuestra su ineficiencia y prepotencia en su labor de cobranza, olvidándose que los ciudadanos tenemos derechos que deben ser respetados, y no podemos estar expuestos al pobre criterio de personas o autoridades que nos atribuyen bienes para cobrarnos multas que no nos corresponde y que además nos exijan que demostremos lo contrario, con el perjuicio económico y tiempo que los tramites ocasionan.

Los continuos abusos del SAT, desde hace años, denunciados en diversas oportunidades por los contribuyentes, por el Ministerio de Economía, La Universidad de San Marcos, inclusive el mismo alcalde de Lima señalando que el SAT cometía errores y algunas injusticias; últimamente la Defensoría del Pueblo la califico como el ente recaudador más abusivo.

Por principio los contribuyentes queremos una Institución recaudadora justa, con personal idóneo, que aplique sus conocimientos sin distinciones a todos los contribuyentes de acuerdo a ley; no debemos esperar a ser la próxima victima del abuso del SAT, para solicitar al Alcalde de Lima que disponga una imparcial evaluación y sanción ejemplar a los responsables (sentando un sólido precedente) por los perjuicios que ocasionan a los contribuyentes y a la ciudad; y que considere una posible reorganización del SAT, teniendo en cuenta los antecedentes, que desde hace años dicha institución viene demostrando abusos, ineficiencia y poca efectividad para cumplir con su labor recaudadora que perjudica a la ciudad de Lima.

Usurpadores del transporte público 

Según un reporte de la comisaría de Monterrico, una persona de 24 años, después de chocar contra un taxi,  lejos de ayudar a los ocupantes del taxi, huyó de las autoridades violando casi todas las reglas de tránsito -manejó en sentido contrario al tráfico y se pasó varias luces rojas- a bordo de su unidad de placa UO-4347, no sin antes bajar violentamente a su única pasajera.

La persona (no puede llamar conductor o chofer: si no usurpador) que conducía un vehiculo de transporte público sin estar apto para hacerlo, merece ser sancionado de acuerdo a las leyes vigentes, pero también es tiempo que las personas que lo autorizaron  (empresa y/o propietario del vehiculo) sean sancionadas, si es que queremos disminuir el número de accidentes.

Lo sucedido es el verdadero origen del caos vehicular, la necesidad del trabajo hace que cualquier persona se ofrezca a conducir un vehiculo de transporte público , lo que es explotado por la empresa y/o propietario a quienes le resulta rentable por ser mano de obra barata y la complicidad de las malas autoridades que no cumplen con sus funciones.

No olvidemos que de acuerdo a lo publicado por el diario Perú21 el pasado martes, se menciona que 60 mil chóferes no tienen brevetes, por exceso de infracciones y que el MTC habría firmado un acta comprometiéndose a devolver las licencias; y por otro lado la Municipalidad de Lima esta otorgando el 50 por ciento de descuento en el pago de papeletas vencidas hasta el 2006. Acciones que parecen incentivar la existencia de  usurpadores del transporte y malos conductores.

La preguntas que debemos hacernos son ¿porqué si las autoridades municipales y de transportes dicen que ejercen su función, siguen circulando vehículos conducidos por personas no autorizadas o que tienen su brevete suspendido?; ¿Cómo hicieron para aprobar los exámenes para tener licencia de conducir?. ¿La futura escuela de chóferes será la solución?; ¿Es negligencia o animo a seguir satanizando a los buenos y formales conductores?.

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El tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), como un “regalo a la ciudad de Lima en su 472 aniversario, dicto sentencia a favor de Lidercom y ordeno a la Municipalidad de Lima que en un plazo de 15 días, autorice el inicio de las actividades en la única planta que tienen instalada ; además, deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios cuyo monto no figura pero el vicepresidente de Lidercon Raúl Barrios informo a la prensa que solicitarán cinco millones de dólares que es lo que han determinado que han perdido desde el 20 de septiembre del 2005.

Con relación a este fallo de la Cámara de Comercio de Lima, relacionado con las Revisiones Técnicas, la Municipalidad de Lima esta obligada a aclarar:
1.-Porqué del fallo en contra, si según lo que siempre informaban a la prensa, el lío era entre los dos socios Lidercom y Ivesur.
2.-Porque se debe aceptar el inicio de las revisiones técnicas con una planta cuando el contrato se especifica tres.
3.-Porque no se ejecuto la carta fianza por incumplimiento de contrato y se prefirió dar prorroga tras prorroga y más prorroga.
4.-Si Ivesur que era la parte técnica y experiencia del consorcio no participara en las revisiones técnicas, quien garantizará la revisión de los vehiculos, no solo basta tener instalada una planta
5.-Si la Municipalidad siempre argumentaba que tenía la razón, porque no argumento sus buenas razones ante la Cámara, o su representante fue incompetente.¿recibirá una sanción?
6.-Con que recursos se pagará la indemnización a Lidercom, con el dinero de los contribuyentes o aumentando el costo de la revisiones técnicas en perjuicio de los transportistas?
Al final como siempre los transportista están por ser una vez más perjudicados tendrán que estar haciendo largas colas en un solo lugar; si consideran que no es así, entonces para que exigen en el contrato tres plantas, será para encarecer el costo del servicio?

Que tal negocio

El vicepresidente de Lidercon Raúl Barrios, informo a Perú.21 que solicitarán cinco millones de dólares por las pérdidas que ha ocasionado tener la planta del norte paralizada durante un año y medio. “Nuestras evaluaciones han determinado que desde el 20 de septiembre de 2005 hemos perdido cinco millones de dólares”, precisó (Perú.21: Lunes 15-01-2007)
Si es verdad lo que indica el ejecutivo de Lidercom, eso representa aproximadamente 277 mil dólares mensuales de ganancia neta, por lo que es legitimo preguntarnos ¿ es buen negocio suscribir un contrato, tener discrepancias para ir a los tribunales? ; ¿el costo fijado (hasta ahora ,oficialmente la Municipalidad de Lima se a cuidado de no darlo a conocer) por las revisiones técnicas esta sobrevalorado?; o las dos cosas…. …como decía el conocido personaje de una tira cómica ¡¡exijo una EXPLICACIÓN!!

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