No más prórrogas a combustibles sulfurosos

Es absurdo e indignante que, en lugar de defender sus fueros y hacer cumplir la ley, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretenda ahora dar marcha atrás en sus propias normas y plantee una nueva prórroga a la obligación de las refinerías de reducir los altos niveles de azufre en el petróleo.

De por medio están no solo el principio de autoridad, ya bastante vapuleado en estos días, sino la obligación constitucional del Estado —y del gobierno que lo administra— de poner orden y regular el mercado de combustibles, así como de proteger el medio ambiente y la salud de la población.

Por lo mismo, es entendible y justificado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Ambiente a esta posible nueva prórroga, sobre todo porque en todo momento advirtieron sobre la importancia de cumplir el decreto supremo del 2005 que obligaba a las refinerías a reducir el azufre en cinco años, lo que se cumple el 1 de enero del 2010.

Este plazo, concordado con las refinerías de Repsol y de Petro-Perú, era más que suficiente para modernizar las plantas. Pero lo que ha faltado es voluntad política y mayor celo del MEM y del organismo regulador, Osinergmin, para vigilar el cumplimiento gradual del cronograma aprobado, así como para aplicar las sanciones correspondientes a los transgresores.

Hay que recordar aquí que la creación del Ministerio del Ambiente se dio en un contexto esperanzador de una nueva política gubernamental, basada en el mayor esfuerzo para preservar el ecosistema y reducir los graves niveles de contaminación que afectan la salud y la vida de las personas.

El problema es acuciante. Y es que, a pesar de que importamos petróleo más limpio y menos contaminante, recientes informes internos del Osinergmin dan cuenta de que las refinerías siguen comercializando combustible con la misma cantidad de azufre que en el 2005, es decir 5.000 ppm (partes por millón), cuando lo ideal es 50 ppm, que es lo que la actual norma obligaría a comercializar desde el 1 de enero del 2010.

En tan delicado contexto, aceptar ahora una nueva prórroga de 3 o 5 años implicaría graves costos, lo que obliga al Gobierno y al MEM a ser más severos para ejecutar sus propias normas, plantear sanciones, y convocar a las refinerías para que asuman su grave responsabilidad y cumplan las metas establecidas.

Aquí no puede haber retroceso, lo que, además de ser incongruente y sentar un mal precedente en la gestión estatal, sería condenarnos a vivir en un ambiente insano de contaminación, con no pocas repercusiones económicas.

Urge, por ello, establecer un nuevo cronograma, mucho más corto pero acompañado de mecanismos de seguimiento puntual, control, fiscalización y, por supuesto, de sanción, en lo que no puede haber ningún trato preferencial a la refinería estatal.